José Manuel Morales Ortega
Mayoritariamente y a todos los niveles es aceptado que las trabajadoras domésticas acusan una importante desprotección social y, lo que es más alarmante, que tal desprotección procede, en la casi totalidad de las ocasiones, de la inacción o inadecuada acción del legislador. Entre sus expresiones, está la falta de cobertura de la contingencia por desempleo, la que contraviene el Convenio OIT C189, las propuestas comunitarias y, por supuesto, nuestra Constitución, no sólo, pero principalmente, por encerrar una discriminación indirecta, que está en la base argumentativa de la reciente cuestión prejudicial interpuesta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A ésta y a las restantes quiebras y ausencias se va a prestar atención en estas páginas, con la intención de poner de manifiesto la imperiosa necesidad de que los poderes públicos competentes concedan a estas trabajadoras una existencia digna a lo largo de su vida.