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El Tribunal General anula las Decisiones por las que la Comisión declaró que un laudo arbitral mediante el que se fijaba una tarifa eléctrica supuestamente preferencial no suponía la concesión de una ventaja al productor de aluminio Mytilinaios. Considera que la Comisión estaba obligada a examinar de manera diligente, suficiente y completa la posible existencia de una ayuda de Estado, haciendo apreciaciones económicas y técnicas complejas
