La crisis por el covid-19 abre a los gobiernos latinoamericanos la posibilidad de transformar las instituciones económicas y políticas que hacen de nuestra región una de las más desiguales del mundo. Es hora de plantear un nuevo contrato social que sea la base de instituciones inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades y que pongan al ciudadano en el centro de las políticas públicas.