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Lucía Debesa Arregui
El presente comentario evalúa, críticamente, la sentencia dictada el 9 de julio de 2019 por la Excelentísima Corte Suprema con ocasión del conocimiento de un recurso de unificación de jurisprudencia. Este tuvo como objetivo determinar el valor probatorio que revisten las constataciones de los informes de la Inspección del Trabajo. Para ello, y luego de resumir sucintamente la historia procesal del caso, expondremos los argumentos esbozados por la Corte y los analizaremos críticamente, otorgando especial relevancia al concepto de presunción legal. Con ello pretendemos lograr una adecuada comprensión de las consecuencias jurídicas que conlleva la presunción contemplada en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo: su valor probatorio y la posibilidad de prueba en contrario a la luz del requisito de proporcionalidad consagrado en el artículo 493 del Código del Trabajo.
The present commentary critically assesses the judgement delivered on 9 July 2019 by the Supreme Court on the occasion of the knowledge of a Unification of Jurisprudence Appeal. The purpose of the latter was to determine the probative value of the findings of the Labour Inspectorate reports. To this end, and after summarizing the procedural history of the case, we will set out the arguments outlined by the Court and analyze them critically, giving special relevance to the concept of legal presumption. In doing so, we aim to achieve an adequate understanding of the legal consequences of the presumption referred to in article 23 of the Organic Law on the Directorate of Labour: its probative value and the possibility of proof contrary to the requirement proportionality enshrined in article 493 of the Labour Code.
