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La grave crisis de derechos humanos iniciada en Nicaragua a partir de la represión estatal a las protestas de abril de 2018, ha dejado un gravísimo balance de decenas de miles de víctimas y ha mostrado las serias falencias de la institucionalidad del país, principalmente en términos de los estándares democráticos sobre falta de independencia de los órganos de control y contrapeso al Gobierno.
Su descripción permite identificar elementos que evidencian el ejercicio desproporcionado de la fuerza por parte del Estado y varias otras formas de represión de la protesta y la disidencia, que han dejado un triste saldo de víctimas y que mantienen cerrados todos los espacios democráticos en un estado de excepción de hecho.
La descripción de la crisis también permite identificar algunos parámetros, desde el derecho internacional, para las posibles vías de superación de ella. En este trabajo se revisan algunos de ellos, asociados a la represión de la protesta social, a los crímenes de lesa humanidad y a la justicia transicional.
Estos parámetros se conectan, no solo con los estándares de derecho internacional, sino que además con las propias características de la situación de derechos humanos que actualmente ocurre en Nicaragua.
