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Este trabajo tiene como punto de partida el análisis del dictamen N°27.918, de 12 de noviembre de 2018, mediante el cual Contraloría ordenó a la Municipalidad de Estación Central que invalidara los permisos de edificación que otorgó a diversas constructoras e inmobiliarias, por tratarse de actos administrativos dictados en contravención a la normativa urbanística aplicable e instruida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante DDU 313, de 2016. A partir de ello, se analizará la legitimidad en el actuar de Contraloría al declarar actos administrativos como ilegales mediante su potestad dictaminadora, ordenando su invalidación, y el efecto retroactivo que le habría otorgado a dicho dictamen. También se ahondará sobre el límite particular que se le impone a la Administración en el ejercicio de su potestad invalidatoria -la confianza legítima- y su relación con otros principios jurídicos, la seguridad jurídica y la buena fe.
Finalmente concluiré con una breve reflexión en torno a los efectos prácticos que generó este dictamen y el debate social que queda como telón de fondo de este conflicto aparentemente jurídico.
