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Alejandra Donoso Cáceres
El 28 de mayo del año en curso, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en el caso de las acciones de protección presentadas a propósito del más reciente evento de envenenamientos masivos en la denominada “zona de sacrificio” de Quintero y Puchuncaví, ocurrido durante los meses de agosto y septiembre de 2018. Esta nueva vuelta a la espiral del conflicto da cuenta de una situación descontrolada de vulneración de derechos humanos y fundamentales, y constituye una muestra elocuente del riesgo permanente al que se encuentra expuesta la población que habita este territorio, así como de la necesidad de abordar el conflicto desde su estructura. En este escenario, la denominación “zona de sacrificio” es elocuente de la situación de injusticia ambiental a que se encuentra sometida la población que habita el territorio, así como de la vulneración de sus derechos a la vida, salud y medio ambiente sano, que es abordada por la Corte Suprema en una sentencia estructural que, además, desarrolla el concepto “desarrollo sustentable” y acude a la aplicación de los principios preventivo, precautorio y de justicia ambiental para definir estándares mínimos para el resguardo de los derechos de las personas, exigibles a la Administración del Estado, mediante una intervención débil, respetuosa de la separación de poderes y de la función conservadora de los tribunales superiores, que constituye un nuevo trato para las “zonas de sacrificio” y un hito jurisprudencial en el Derecho Ambiental chileno.
