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Alejandra Zúñiga Fajuri
El año 2018 se destacó por la agudización del fenómeno de la “judicialización de la salud”. La Corte Suprema se ha erigido en el órgano fiscalizador y legitimador de las políticas públicas sanitarias con sentencias que han obligado a los operadores jurídicos a reinterpretar el sentido de las normas constitucionales que garantizan tanto el derecho a la vida como el derecho a cuidado sanitario. Como veremos, sus fallos han exigido a los seguros privados de salud y al Fondo Nacional de Salud acciones destinadas a “perfeccionar”, en unos casos, y directamente a “ampliar”, en otros, el contenido del mínimo sanitario o canasta básica garantizada por el Estado, sin prestar mayor atención a los problemas de legitimidad y justicia distributiva que ello trae aparejado.
