Acceso usuarios
Jaime Gajardo Falcón
Entre los meses de agosto y septiembre del 2018 se tramitó en la Cámara de Diputados una acusación constitucional, que fue presentada por diez diputadas y diputados de oposición, por “notable abandono de sus deberes”, conforme lo dispuesto en el artículo 52 N° 2, letra c) de la Constitución Política de la República, en contra de los Ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema los señores Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller. En dicha acusación constitucional se sostuvo que los Ministros de la Corte Suprema habrían incurrido en la causal de notable abandono de sus deberes debido a que en fallos recaidos en recursos de amparo desatendieron los “estándares” del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la materia y, por ende, infringieron el deber contemplado en el artículo 5 de la Constitución Política de la República y que establece la obligación para todas las autoridades y órganos del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos.
Todo ello a raíz de que conociendo de recursos de amparo presentados por la defensa de exmilitares, condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura, les otorgaron el beneficio de la libertad condicional.
La acusación constitucional presentada originó un amplio debate político y académico, entre otras cosas, relacionado con: la acusación constitucional y su pertinencia; la independencia de los miembros del poder judicial y la acusación constitucional como mecanismo de injerencia indebida en las funciones judiciales; el control de convencionalidad y su obligatoriedad;
la procedencia (o no) de la acusación constitucional por el contenido de las sentencias de los jueces y, en definitiva, sobre la supremacía constitucional y quién(es) es(son) los interprete(s) autorizado(s) de la Constitución Política de la República.
Así, en el presente trabajo, se realizan algunas consideraciones sobre la relación que existe entre la supremacía constitucional y la acusación constitucional. Se sostiene que el mecanismo de acusación constitucional es una garantía de la supremacía constitucional y parte de lo que se ha denominado como defensa de la Constitución, buscando rescatar el cariz político del constitucionalismo.
