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El presente comentario se refiere al conjunto de sentencias pronunciadas por la E. Corte Suprema a mediados del año 2018, específicamente, respecto de siete acciones de amparo, por las cuales revocando o confirmando la decisión previa de la Corte de Apelaciones de Santiago, resolvió en forma unánime o en votación dividida, acoger las señaladas acciones constitucionales, otorgando la libertad condicional de autores de crímenes de Estado. Las referidas sentencias no pasaron inadvertidas en la comunidad jurídica, ni en la opinión pública, generando en sede parlamentaria la presentación de una acusación constitucional por un grupo de diputados, en contra de tres integrantes de la Sala Penal del máximo tribunal, como asimismo, el fin de la hibernación legislativa de mociones en la materia. El presente comentario, aborda los alcances jurídicos de la decisión del máximo tribunal, como asimismo, y como consecuencia de las referidas resoluciones judiciales, las reformas introducidas mediante ley N°21.124 (D.O. 18.01.2019) al Decreto Ley N°321 sobre libertad condicional, objeto también de requerimientos por un grupo de parlamentarios, ante el Tribunal Constitucional, en cuya sede se abordaron temáticas constitucionales de interés.
