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Desestima las imputaciones que dirige a la Sala 2.ª del TS, al TC y al CGPJ. En los dos primeros casos por no haber seguido los cauces legalmente previstos para lograr el resarcimiento de los daños que atribuye a ambos órganos. Y en el tercero, por haberse denegado expresamente, por sentencia de la Sala 3.ª del TS, el reconocimiento de los derechos administrativos y económicos vinculados a la condición de magistrado desde la fecha que pretendía el reclamante, o por no haber impugnado, deviniendo firme por consentido, el acuerdo de la Comisión Permanente que le rehabilitó como magistrado y dispuso su reingreso en el servicio activo.
