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Durante los 99 días que duró el confinamiento, la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Policías Locales propusieron un total de 1.142.127 sanciones, al amparo del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Solo 228.994 de esos expedientes se habían tramitado hasta el pasado mes de abril. A través de este artículo se pretende analizar los efectos sobre dichas sanciones de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de julio de 2021, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 2054-2020, que ha declarado la inconstitucionalidad de los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
