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Jessica Fuentes Olmos
El presente trabajo analiza una sentencia del Tribunal Constitucional en materia pesquera donde se declaró inconstitucional la presunción de veracidad relativa a la denuncia formulada por funcionarios de la Administración. El trabajo plantea interrogantes sobre los requisitos del ejercicio de la potestad de inspección y propone la forma de conciliar la presunción de veracidad a favor de la Administración y el derecho al debido proceso de los ciudadanos.
