El trabajo propone que la relación jurídica entre las federaciones deportivas y la Administración pública responde a un régimen de supervisión en atención a las funciones de carácter público desarrolladas por las federaciones en ejecución de la Ley del Deporte.
Frente a la interpretación tradicional de considerar que las federaciones deportivas actúan en virtud de una simple delegación de la Administración pública se analiza, en particular, la respuesta favorable del Derecho de Unión Europea en materia de competencia y de contratación pública a esta situación de supervisión pública que caracteriza al deporte organizado.