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Isabela Moreira Domingos
El compliance de la normativa medioambiental promueve la aplicación de buenas prácticas en las empresas públicas y privadas, obedeciendo a los criterios de sostenibilidad de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Así, el programa de conformidad actúa en la prevención y mitigación de riesgos, en línea con la Ley Anticorrupción nº 12.846/2013, regulado por el Decreto nº 8.420/2015. Por lo tanto, existe una primacía de la licitación sostenible para el desarrollo nacional, ya que las empresas deben adaptarse a la mejor distribución de insumos, equipos, gestión de residuos y desarrollo socioeconómico. De esta manera, los factores ESG (que significa Environmental, Social and Governance) son medidas de responsabilidad social corporativa y tienen un impacto positivo en la probidad de la Administración Pública nacional y extranjera. Se presenta el Proyecto de Ley Nº 5442/2019 para el compliance medioambiental en el otorgamiento de incentivos a las actividades de empresas públicas y privadas, en la medida que operen en la actividad económica potencialmente perjudicial para los bienes naturales. El método utilizado fue el analítico, apoyado en la doctrina especializada y en la legislación del ordenamiento jurídico nacional e internacional.
