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Álvaro Perea González (coord.), Jaime Font de Mora Rullán, Susana Martínez del Toro, María José Achón Bruñén, Gonzalo García Well, Marta Andrés González
La relación íntima entre las costas procesales y el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 Constitución Española) impone que toda proyección de reforma que, directa o indirectamente, pueda incidir en la derivada económica de los procedimientos jurisdiccionales se lleve a cabo con la mayor prudencia, reflexión y valoración de todas las circunstancias. Veinte años después de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente, y con una revisión parcial planteada por el Anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, llega el turno de debatir sobre cuál es el presente de las costas procesales y, lo que es más importante, sobre cuál es su futuro regulatorio y práctico.
