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Juliana Rodríguez Rodrigo
La sentencia objeto de comentario es la respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Consejo de Estado griego. En el caso, el órgano remitente pregunta acerca de la interpretación del artículo 3 de la Directiva 98/5 en relación con la solicitud de inscripción en el Colegio de Abogados de Atenas de un monje que ha obtenido su título profesional en Chipre. Esta norma europea se encarga de regular el ejercicio de la profesión de abogado, de manera permanente, en un Estado miembro distinto de aquel en el que el sujeto ha obtenido el título profesional. El artículo 3 de la Directiva recoge el único requisito que se debe exigir al abogado, cual es, que se inscriba ante la autoridad competente del Estado miembro de acogida y que se encuentre inscrito ante la autoridad competente del Estado miembro de origen. En el supuesto objeto de la sentencia, el abogado cumple con el requisito establecido por el legislador europeo. Así es, se encuentra inscrito en el Colegio de Abogados de Chipre y solicita su inscripción en el Colegio de Abogados de Atenas. Este órgano, precisamente, deniega la inscripción del abogado por su condición de monje. El sujeto recurre esa denegación ante el Consejo de Estado griego y éste plantea cuestión prejudicial al TJUE. El órgano judicial europeo responde a la cuestión exigiendo la inscripción del abogado en el Colegio de Abogados griego y remitiendo al Consejo de Estado la valoración acerca de la proporcionalidad de la medida nacional alegada, que prohíbe a los monjes ejercer como abogados en Grecia.
The judgment under consideration is the answer to a question referred for a preliminary ruling by the Greek Council of State. In it, the referring court questions the interpretation of Article 3 of Directive 98/5 in relation to the application for registration with the Athens Bar of a monk who obtained his professional qualification in Cyprus. That European rule governs the practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the person concerned obtained his professional qualification. Article 3 of the Directive provides only that the lawyer must be registered with the competent authority of the host Member State and that he must be registered with the competent authority of the home Member State. In the present case, the lawyer fulfils the requirement laid down by the European legislature. He is registered with the Cyprus Bar and applies for registration with the Athens Bar. The Athens Bar refuses to register the lawyer on the grounds that he is a monk. He appealed against that refusal to the Greek Council of State, which referred the matter to the Court of Justice of the European Union for a preliminary ruling. The European Court answers the question by requiring the lawyer to be registered with the Greek Bar and referring to the Council of State the assessment of the proportionality of the national measure prohibiting monks from being lawyers in Greece.
