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Alfredo Sebastián Coloma Gaibor
Una realidad incómoda, pero abiertamente aceptada, es que los sistemas de justicia latinoamericanos están lejos de ser eficientes. Ecuador no es la excepción. Y no es que no se pueda obtener justicia por parte del Estado, pero la sociedad se ha convencido de que esto puede tardar en llegar. Mecanismos como las medidas cautelares buscan solventar esta dificultad relacionada a la dilación en los procesos, producto del congestionamiento en los servicios jurisdiccionales. En el entorno jurídico la respuesta a un problema puede ser la causa de muchos otros, siendo esto consecuencia de una legislación plagada de antinomias que pueden llevar al sujeto de derechos a la indefensión. Esta es la razón por la cual el presente artículo busca ser una exposición de la normativa pertinente al caso, para así conducir al lector a una discusión fundamentada sobre las implicaciones éticas y legales con respecto de las medidas cautelares.
Primero se brindará un recuento del desarrollo de medidas similares en Ecuador, después buscando aterrizar las debilidades de la normativa expuesta, se utilizará la resolución 2015-10509. Tratándose el caso de un tema relacionado con la salud, específicamente los procedimientos de diálisis, una revisión del régimen jurídico pertinente aclarará cómo se conectan las medidas cautelares con los derechos fundamentales. Subsecuentemente se retomarán los alcances de la normativa que regula esta garantía jurisdiccional y evidenciando el riesgo que comprende la discrecionalidad que desencadena en posibles abusos del derecho, posteriormente se abre paso a la crítica y a la observación de que el régimen jurídico ecuatoriano, en lo que respecta a este capítulo, atenúa su rigor. Recalcando que la delicadeza del tema radica en las facultades de una institución que permite generar prohibiciones o forzar ciertos accionares con incidencia directa sobre los ciudadanos, sin tener un procedimiento de juicio de por medio.
An uncomfortable reality, but openly accepted reality is that Latin American justice systems are far from being efficient. Ecuador is not the exception. And it is not that justice cannot be obtained from the State, but society has convinced itself that it may take time to arrive. Mechanisms such as precautionary measures seek to resolve this difficulty related to the delay in the processes resulting from the congestion of the jurisdictional services. In the legal environment, the answer to a problem can be the cause of many others, as a consequence of a legislation plagued with antinomies that can lead the subject of rights to a state of defenselessness. This is the reason why this article seeks to be an exposition of the pertinent regulations to the case, in order to lead the reader to a well-founded discussion about the ethical and legal implications regarding precautionary measures.
First, an account of the development of similar measures in Ecuador will be provided, then seeking to ground the weaknesses of the exposed regulations, resolution 2015-10509 will be used. As this case is a health-related issue, specifically dialysis procedures, a review of the relevant legal regime will clarify how precautionary measures are connected to fundamental rights. Subsequently, the scope of the laws that regulate this guarantee will be retaken and the risk that the discretion that triggers possible abuses of the law will be evidenced, after which it opens the way to criticism and observation that the Ecuadorian legal regime, regarding this chapter, seems to mitigate its rigor. The sensitivity of the issue lies in the powers of an institution that allows the generation of prohibitions or forcing certain actions with direct impact on citizens without having a trial procedure involved.
