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Amaya Merchán González
La introducción en la fase de investigación o instrucción penal del sistema de plazos en virtud de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dio lugar a la nueva redacción al art. 324 LECrim no ha estado exenta de polémica e incertidumbre respecto de las consecuencias que el incumplimiento de tales previsiones podía acarrear. El posicionamiento del Tribunal Supremo al respecto ha quedado claramente establecido en su reciente sentencia de 27 de mayo de 2021.
