Acceso usuarios
Yolanda Valdeolivas García, Gregorio Tudela Cambronero 
La seguridad y salud laboral ha sido una preocupación constante en el quehacer de la OIT, desde su nacimiento, de forma directa o indirecta. Ya en el propio Preámbulo de su Constitución la seguridad y salud laboral era un elemento constitutivo del ideal de justicia perseguido por la Organización, traduciéndose prontamente en instrumentos normativos concretos que intentarían paliar factores de riesgo elementales, como la fatiga, a través de medidas limitativas o prohibitivas del trabajo de colectivos específicos, como las mujeres y los menores, para mejorar luego las condiciones de trabajo de colectivos más amplios, intentando proteger luego a los trabajadores frente al riesgo implícito a determinadas actividades o sectores productivos, como la pesca, la minería o, en fin, la construcción, o frente a riesgos específicos derivados de los productos o materiales utilizados en el proceso productivo de que se tratara, como la cerusa o el asbesto, por ejemplificar.
Esta atención intensa, pero muy concreta, a la protección de un bien jurídico tan valioso como es la vida y la integridad física de los trabajadores irá cobrando relevancia, especialmente a partir de la década de los ochenta, cuando se pondrán los cimientos de lo que se puede denominar hoy el bloque de la prevención de riesgos laborales. Cimientos cuya base se sustenta en el Convenio nº 155, complementado en un aspecto fundamental, como son los servicios de salud laboral, por el Convenio nº 161 y, como elemento de cierre de ese bloque integral, el Convenio nº 187, en el que el concepto de cultura preventiva y la identificación, planificación e intervención activa sobre los riesgos derivados del trabajo se convierten en factores expansivos que extienden la idea de una política pública de los Estados y una actuación en el seno de las empresas tendente a la eliminación del riesgo laboral o, cuando menos, a su máxima minoración, a través de un haz de derechos y obligaciones de los poderes públicos, los empresarios, los trabajadores y sus respectivos representantes movidos, además, por el principio de cooperación. Ese bloque normativo ha impregnado todo el posterior hacer normativo de la Organización, dejando una huella bien visible en instrumentos normativos posteriores y llamada a proyectarse sobre futuras regulaciones, toda vez que la regulación en este ámbito se halla inconcluso con toda seguridad y en él se involucran valores, principios y estrategias dinámicas que comprometen a sujetos públicos y privados y llaman a un trabajo sostenible, saludable y seguro como elemento irrenunciable de la aspiración del trabajo decente .
A esa tarea normativa, en efecto, ha acompañado un enfoque en el que, en sucesivas e importantes declaraciones de la OIT, la seguridad y salud laboral ocupa un lugar crecientemente protagonista, impregnando la idea de que el trabajo decente o es seguro o no será decente. Parece, pues, llegado el momento, a las puertas de un nuevo centenario de la Organización, de adoptar cuantas iniciativas sean precisas para que la seguridad y salud en el trabajo alcance su posición central en el conjunto de materias que conforman los derechos fundamentales que inspiran y legitiman la actuación de la OIT.
La OIT intuyó desde su origen, que las cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo eran esenciales e inherentes a sus propios fines fundacionales, siendo justamente esta clase de contenidos el objeto principal de sus primeros Convenios y Recomendaciones, dirigidos especialmente a la protección de los colectivos más vulnerables (mujeres y niños) y a la identificación de las actividades económicas, materiales y equipos de trabajo con mayor potencialidad para generar riesgo laboral, así como de las sustancias especialmente dañinas para la salud de los trabajadores.
Enfoque que ha sido permanente, aunque, es obvio, siempre adaptado a los cambios socioeconómicos del momento que, finalmente, no ha hecho sino confirmar en el tiempo el rol principal y nuclear que en las disposiciones, estudios e informes de la OIT ocupa la seguridad y salud en el trabajo.
Un balance cuantitativo de urgencia permite afirmar que, de los 190 Convenios aprobados por dicha organización hasta la fecha, en torno a cuarenta se aplican directamente a cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, a los que se añade un número mayor de Recomendaciones, que aun desde su diferente eficacia jurídica, conforman un bloque regulador que opera como derecho mínimo para los Estados que ratifican aquellos textos.
Si a lo anterior se suma el hecho de que otro buen número de Convenios incorporan a su regulación, de forma directa o indirecta, prescripciones o contenidos relacionados con la seguridad y salud laboral, no parece exagerado afirmar que, en torno a la mitad de los instrumentos de la OIT abordan, de forma mediata o inmediata, cuestiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo. Es, pues, un bloque normativo con sustantividad propia y peso específico en el intenso quehacer de la OIT, lo que es consecuente y expresa los valores y propósitos que marcan su razón de ser. De modo que es fácil corroborar la posición central que ocupa la seguridad y salud laboral en el seno de la organización internacional.
Se trata, con seguridad, de un proceso inconcluso, porque lo vertiginoso de los cambios que se vienen operando en las últimas décadas en el mundo del trabajo (formas atípicas de empleo, empleos verdes, digitalización y TICs, por apuntar algunos) influyen decisivamente en las condiciones de trabajo y en la consecuente aparición de nuevos riesgos laborales y, más ampliamente, llaman a un concepto de seguridad y salud laboral, o si se prefiere, de bienestar laboral, de perfiles renovados. Por poner un ejemplo simple, si la digitalización y la inteligencia artificial aplicada al trabajo pueden contribuir a minorar la eventualidad de sufrir riesgos físicos, en la medida en que las actividades más penosas y en ambientes peligrosos pasan a ser asumidas por robots y, por ende, los propios robots podrán controlar nuestros signos de fatiga o pérdida de atención, alertándonos del riesgo, la propia robótica puede ser fuente de riesgos tradicionales (atrapamientos o golpes, por ejemplificar); y ya va resultando evidente que la digitalización y las nuevas formas de trabajo provocan nuevos riesgos de carácter psicosocial, ergonómico y otros, que derivan, precisamente, del mayor control y dominio que puede ejercerse sobre la prestación del trabajador; por no mencionar, en fin, los propios de la exposición a campos electromagnéticos o a materiales y sustancias tóxicas relacionadas con esa nueva tecnología y cuyas consecuencias sobre la salud aún no están completamente testadas. De hecho, todas estas consideraciones se hallan incorporadas de una u otra forma a la estrategia del futuro del trabajo que ha emprendido la OIT y es razonable pensar que, en su momento, tras las investigaciones y consensos oportunos, propicien una actividad normativa sobre esas nuevas realidades.
Occupational safety and health have been a constant concern in the ILO since its birth, directly or indirectly. This issue was a constituent element of the ideal of justice pursued by the Organization in the very Preamble of its Constitution, which was promptly translated into specific regulatory instruments that would seek to alleviate elementary risk factors, such as fatigue, through restrictive or prohibitive measures of the work of specific groups, such as women and minors, and then to improve the working conditions of larger groups, thus seeking to protect workers from the implicit risk to certain activities or productive sectors, such as fishing, mining or, ultimately, construction, or against specific risks arising from the products or materials used in the production process concerned, such as white lead or asbestos, for example.
This intense but very specific attention to the protection of a legal asset as valuable as workers’ lives and physical integrity will become relevant, particularly from the 1980s, when the foundations of what can now be called “prevention of occupational risks” were laid. The foundations of Convention No. 155, supplemented in a fundamental aspect, such as occupational health services, by Convention No. 161 and, as a closing element of that comprehensive set of rules, Convention No. 187, in which the concept of preventive culture and identification, planning and active intervention on occupational risks become expansive factors that extend the idea of a public policy of States and an action within companies aimed at eliminating occupational risks or, at least, at reducing them to the full, through a bundle of rights and obligations from public authorities, employers, workers and their respective representatives motivated by the principle of cooperation as well. That normative set of rules has permeated the Organization’s subsequent policymaking, leaving a visible footprint on subsequent normative instruments and calling for future regulations to be projected, as regulation in this area is certainly unfinished and involves dynamic values, principles and strategies that engage public and private individuals and call for sustainable, healthy and safe work as an essential element for getting decent work.
Actually, this normative task has been accompanied by an approach in which, in successive major ILO statements, occupational safety and health is increasingly at the centre of the picture, permeating the idea that decent work must be safe, otherwise it is not decent.
Therefore, with the new centenary of the Organization just around the corner, it seems that this is the time to take the necessary initiatives to ensure that occupational safety and health reaches its central position in all the subjects that make up the fundamental rights that inspire and legitimize the ILO action.
Since its origins, the ILO has felt that the issues related to occupational safety and health are essential and inherent to its own founding purposes, being this kind of content the main object of its first Conventions and Recommendations, especially aimed at the protection of the most vulnerable groups (women and children) and the identification of economic activities, materials and work equipment with the greatest potential to generate occupational risks, as well as substances that are particularly harmful to the health of workers. This approach has been permanent and, obviously, has always adapted to the socio-economic changes of the moment and has eventually confirmed the main and nuclear role that ILO provisions, studies and reports occupy in occupational safety and health.
A quantitative assessment of urgency makes it possible to state that, of the 190 Conventions adopted by the organization to date, some 40 directly apply to occupational safety and health issues, to which a greater number of Recommendations are added, which, despite their different legal effectiveness, form a regulatory set operating as a minimum right for States ratifying those texts. Besides, a large number of other Conventions incorporate directly or indirectly requirements or content related to occupational safety and health into their regulation, so it does not seem exaggerated to say that about half of the ILO’s instruments deal, in a medium or immediate manner, with issues relating to occupational safety and health. Thus, it is a normative set of rules with its own independence and specific weight in the intensive work of the ILO, which is consistent and expresses the values and purposes that mark its raison d’être. So, it is easy to corroborate the central position of occupational safety and health within the international organization.
This is certainly an unfinished process, because the dramatic changes that have been under way in the labour world in recent decades – atypical forms of employment, green jobs, digitization, and ICTs, to name a few – have a decisive influence on working conditions and the consequent emergence of new occupational risks, and more broadly, call for a concept of occupational safety and health, or, preferably, well-being at work, with renovated profiles. So as to give an easy example, if digitization and artificial intelligence applied to work can help to reduce eventuality of physical risks, to the extent that the most painful activities in dangerous environments are taken over by robots, and thus robots themselves will be able to control our signs of fatigue or loss of attention, alerting us to risk, robotics itself can be a source of traditional risks (traps or shocks, for example);
and it is already becoming clear that digitization and new forms of work create new risks of psychosocial, ergonomic or other nature, which stem precisely from the greater control and dominance that can be exercised over the worker’s benefit; not to mention, in other words, those associated with exposure to electromagnetic fields or to materials and toxic substances associated with that new technology and whose effects on health are not fully tested yet. In fact, all these considerations are incorporated in one way or another into the future of work strategy undertaken by the ILO, and it is reasonable to believe that, in due course, by following appropriate research and consensus, they will lead to normative action on these new realities.
