Francisco Javier Álvarez García , Arturo Ventura Püschel
Los autores evidencian en su artículo la profunda crisis en la que está empeñado el sistema democrático de justicia penal en España, que tiene pocos visos de ser ya no solucionada sino siquiera mitigada. Ello tiene su origen en una normativa penal francamente inadecuada en muchos aspectos, y en una práctica jurisprudencia no muy acertada, y demuestran este deterioro los autores a través de cuatro fenómenos: las dilaciones indebidas en los procedimientos, originadas por una intolerable lentitud de los Tribunales en la solución de las causas, lo que tiene su origen en la despreocupación del Ejecutivo en los asuntos de Justicia. Las conformidades con la pena, que han dado lugar a un mercadeo muchas veces intolerable en la sanción de las conductas y en la aplicación de las penas. El llamado «indulto penitenciario», que ha puesto en las manos de la Administración Penitenciaria, y despreciando finalidades de prevención general, la ejecución de las penas, a despecho de las resoluciones judiciales, de todo lo cual están dando pésimo ejemplo el Gobierno Vasco y la Generalitat catalana. Finalmente, el progresivo desapoderamiento de los ciudadanos de derechos que les reconoce la Constitución, en este caso la acusación popular.
In their article, the authors highlight a profound crisis in the Spanish democratic system of criminal justice, which shows little prospect of a solution or even mitigation. A notoriously inadequate criminal legislation and unwise case law account for the origin of this deterioration, exemplified by the authors in four phenomena. First, undue delay in proceedings, derived from an intolerably slow case resolution by the courts, caused in turn by the Executive’s lack of concern regarding Justice. Second, the phenomenon of conformity sentencing, which has lead to an often intolerable commercialisation in both conduct sanctioning and the application of penalties. Third, the so-called «penitentiary pardon», which has placed the enforcement of judgments in the hands of the Prison Administration, in disregard of general prevention aims and in defiance of court rulings, as shown in the Basque and Catalan governments» performance. Finally, the progressive deprivation of citizen’s constitutional rights, especially as regards for popular prosecution.