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Los escritos de acusación no solo fijan el objeto del debate en el proceso penal sino que delimitan y petrifican en lo sustancial y esencial los hechos objetivos y subjetivos. Su alteración provoca la vulneración del artículo 24 de la Constitución Española que garantiza el derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías por infracción del principio acusatorio. Este se infringe cuando en la declaración de hechos probados o en los fundamentos de Derecho de la sentencia se introduce un hecho nuevo y determinante de la tipicidad penal, no incluido en los escritos de acusación elevados a definitivas que delimitan fáctica y jurídicamente el objeto de la acusación y del enjuiciamiento.
