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Cecilia Álvarez Losa, Juan José González López
El objeto de este artículo es analizar la problemática que suscita la anulación de contratos del sector público manifestada en dos situaciones que plantean una insuficiencia de los procedimientos para la declaración de invalidez. Por una parte, el inicio de los procedimientos de revisión o impugnación se ve supeditado en gran medida a la presencia e iniciativa de sujetos que, por haber licitado o concurrido, tengan interés en anular la contratación, con el riesgo de subsistencia de licitaciones o modificaciones contractuales inválidas por carencia de interesados que promuevan la anulación. Por otra, la habitual imposibilidad o inutilidad de restitución de prestaciones en los casos de declaración de invalidez genera situaciones en que la anulación prácticamente carece de efectos prácticos en detrimento de la regularidad de la contratación del sector público.
