Hace algún tiempo, la Ley de la Función Pública estableció que, salvo que existiera alguna razón que demostrara que el trabajador no está capacitado para trabajar, las prórrogas de ampliación de la vida laboral que solicitaran los funcionarios al cumplir los 65 años debían ser aceptadas por la Administración. Así, el personal de la Administración tiene la posibilidad de prolongar su servicio activo más allá de la edad de jubilación establecida.