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Begoña Sesma Sánchez 
La actividad subvencional desplegada por las Administraciones públicas desde la declaración del (primer) estado de alarma el 14 de marzo de 2020 ha sido desigual. Mientras que en la Administración estatal se han utilizado otras vías de estímulo y protección para las personas y empresas afectadas por la pandemia (avales públicos, moratorias, expedientes de regulación de empleo, medidas fiscales), tanto las CCAA como las EELL han hecho un uso notable de las subvenciones públicas (especialmente en el ámbito social o asistencial vinculadas al ejercicio de actividades económicas) a través de concesiones directas, aligerando la tramitación formal y material de los expedientes y ampliando los plazos de ejecución y justificación de la actividad subvencionada. Salvo recomendaciones informales de la IGAE con relación a la BDNS no ha habido una modificación sustancial del régimen jurídico de las subvenciones. En cambio, a la vista de las singularidades contenidas en el RDL 36/2020, de 30 de diciembre, para articular las subvenciones que se deriven de los fondos NGEU, se advierte un régimen excesivamente centralizado que provocará tensiones competenciales y previsiblemente arrojará problemas de gestión y riesgos derivados de la escasez de controles para asegurar la objetividad, concurrencia, igualdad, eficiencia, transparencia y cumplimiento de los fines de estas singulares ayudas financiadas con fondos europeos en la época de la pospandemia.
The subsidy activity deployed by public administrations since the declaration of the (first) state of alarm on 14 March 2020 has been uneven. While the State Administration has used other means of stimulus and protection for individuals and firms affected by the pandemic (public guarantees, moratoriums, redundancy plans, tax measures), both the regional and local governments have made notable use of public subsidies (especially in the social or welfare sphere and in the exercise of economic activities) through direct concessions, easing the formal and material processing of applications and extending the deadlines for the execution and justification of the subsidised activity. Apart from informal recommendations by the IGAE in relation to the BDNS, there has been no substantial modification of the legal regime for subsidies. On the other hand, in view of the singularities included in RDL 36/2020, of 30 December to articulate the subsidies NGEU funds, an excessively centralised system is observed, which will cause competence problems and will foreseeably lead to management problems and risks derived from the scarcity of controls to ensure objectivity, concurrence, equality, efficiency, transparency and compliance with the purposes of these singular subsidies financed with European funds in the post-pandemic era.
