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Angélica Burga
En noviembre de 2004, la abogada y juez chilena Karen Atala, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos por considerar al Estado de Chile responsable por la violación de su derecho a la igualdad y no discriminación; a la vida privada y familiar; entre otros. El informe de la Comisión fue favorable a la Sra. Atala, y ante el incumplimiento, por parte del Estado chileno, de las recomendaciones emitidas por la Comisión, ésta decidió llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A lo largo de los procesos seguidos ante la Comisión y ante la Corte se presentaron numerosos amicus curiae a fin de apoyar tanto la posición de la Sra. Atala como la del Estado chileno. En la actualidad el proceso ha concluido y nos encontramos a la espera de la sentencia que deberá emitir la Corte. En este sentido, este artículo tiene por finalidad exponer los hechos del caso y las cuestiones pertinentes que consideramos que la Corte debe valorar, las cuales han sido debidamente fundamentadas en el escrito de Amicus Curiae presentado por nuestra Facultad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
