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Guillermo J. Jiménez Sánchez 
, Juan Ignacio Peinado Gracia
Este discurso tiene como tesis principal el artículo 348 bis de la Ley debería ser derogado. Este artículo fue la respuesta del legislador ante los fenómenos de atesoramiento de beneficios sociales, caso típico y bien conocido por la jurisprudencia de abuso de la mayoría: un derecho instrumental (derecho de separación) al de participar en beneficios. Ahora bien, ante un problema de abuso de mayoría, esto es, un problema subjetivo, la respuesta no puede ser de naturaleza objetiva: ese derecho aparentemente objetivo de separación u objetivar y presumir iuris et de iure que el acuerdo de la mayoría no es algo por lo que tenga que estar y pasar la minoría. Así, con el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital se sustrae al control judicial la valoración de la intencionalidad y las razones que asisten a la sociedad en su acuerdo mayoritario. Sin embargo, las bases del anterior discurso están obsoletas o no son completamente correctas. En primer término, la reforma de 2014 vino a regular la respuesta al abuso de derecho por la mayoría denunciado habilitando el mecanismo de la impugnación del acuerdo abusivo. En segundo término, la jurisprudencia más innovadora ha apuntado la posibilidad de sustituir la voluntad social cuando la simple anulación del acuerdo aboca al minoritario a una espiral de acuerdos e impugnaciones. Esta vía debe ser considerada y desarrollada por la jurisprudencia y, en su caso, por el legislador, desde la buena base que ya ofrece el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En razón de todo cuanto antecede, y tomando en consideración conjuntamente los artículos 204.1 y 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, concluimos que el legislador debería derogar el segundo de ellos, desarrollar el mecanismo de la impugnación y permitir un desarrollo mayor del ámbito de conocimiento del juez frente a la impugnación de acuerdos negativos.
The main hypothesis of this paper is that art. 348 bis of the Corporations Act (LSC) should be repealed. The provision was the legislator’s response to the phenomenon of hoarding of company profits, a typical and well known by the courts case of abuse of majority power: an instrumental right (right to exit) to the right to participate in profits. However, the answer to the problem of the abuse of majority power, which is a subjective problem, cannot be of objective nature: the ostensibly objective right to exit or praesumptio iuris et de iure that the majority decision is not something that the minority has to state. This way, the art. 348 bis LSC backs out of judicial control the evaluation of intentionality and company’s reasons for its majority decision. However, the basis of the comments above are obsolete, or at least not completely correct. First, the 2014 reform regulated the answer to the abuse of majority power, introducing a mechanism to challenge a company resolution that is abusive. Second, the most innovative court decisions point to the possibility of substituting a company decision when a simple cancellation of a resolution would lead to a spiral of minority shareholders challenging subsequent resolutions. This is the solution which should be considered and developed by the courts, and, if proceeds, by the legislator, on the good basis already set out in the art. 708 of the Civil Proceedings Act (Ley de Enjuiciamiento Civil). For these reasons, and considering arts. 204.1 and 348 bis LSC jointly, we conclude that the legislator should repeal the latter, develop a mechanism of challenging resolutions, and allow further development of the judges’ control over the challenging of negative resolutions.
