La Ley 2/2021, de 18 de junio, crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y establece el régimen de protección de quienes ante ella formulen denuncias. El ámbito de aplicación de la norma se extiende, además del sector público andaluz, a licitadores o adjudicatarios de contratos públicos y a beneficiarios de subvenciones, créditos, avales, ayudas, permisos, licencias o autorizaciones.