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El margen de aceptación de las decisiones de los órganos de selección de personal se ha reducido en los últimos tiempos. La jurisprudencia, de acuerdo con el principio de transparencia, ha establecido una doctrina según la cual las decisiones discrecionales de los órganos de selección deben motivarse suficientemente, de tal modo que dichas decisiones han perdido la presunción (casi) absoluta de certeza y se pueden combatir en vía de recurso, administrativo y/o judicial, cuando la motivación es inexistente o insuficiente, estableciendo la jurisprudencia el contenido y estructura que debe tener dicha motivación para superar en este ámbito el canon de control de las decisiones discrecionales. Ahora bien, la incorporación a la legislación de la exigencia de motivación en las decisiones de selección de personal es todavía demasiado genérica, siendo la jurisdicción contencioso-administrativa la que va solicitando una mayor concreción. Ante esta exigencia jurisprudencial y paulatinamente legal resulta necesario sentar unas pautas en la tramitación del procedimiento administrativo para favorecer la corrección del desarrollo de los procesos selectivos y su constancia en el expediente, en especial de la obligación de motivar las puntuaciones otorgadas.
