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Francisco Xabiere Gómez García
La actual situación pandémica ha mostrado en su justa medida la importancia del trabajo de cuidados y de las demás tareas que se realizan en el sector del empleo doméstico, pero también la frágil situación laboral y económica de gran parte de las personas que se dedican a esta actividad.
Casi una década después de la integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que prestan servicios en el empleo del hogar, se presenta un buen momento para hacer balance y, sobre todo, para señalar ciertas situaciones que todavía demandan una mejora.
Bien es cierto que ha habido mejoras sustanciales respecto de la situación previa a las reformas de 2011, pero causa sonrojo comprobar como todavía no se ha puesto fin a alguno de los mandatos transitorios que se establecieron para hacer confluir las normas de este sector con la regulación general en materia de Seguridad Social.
Cuestión aparte es que se aún no se haya ratificado el Convenio 189 de la OIT, lo que permite mantener a este colectivo de personas trabajadoras, en su mayor parte mujeres, alejado de unas debidas prestaciones por desempleo, siendo este uno de los hechos que han emergido ante la urgencia de una crisis sanitaria y sus repercusiones laborales y económicas, hasta el punto de que el Gobierno español se ha visto obligado a poner en marcha un subsidio extraordinario de desempleo
The current pandemic situation has demonstrated the importance of care work and other tasks in the domestic work sector, but also the fragile employment and economic situation of many of the people who work in this profession.Almost a decade after the integration of people providing services in domestic employment into the General Scheme of the Spanish Social Security, it is a good time to take stock and, above all, to point out certain situations that still need to be improved. It’s true that there have been substantial improvements compared to the situation prior to the 2011 reforms, but it’s embarrassing to see that some of the transitional mandates that were established to bring the rules for this sector into line with the general Social Security regulations have still not been put to an end. A separate issue is that ILO Convention 189 has still not been ratified, which allows this group of employees, most of whom are women, to be kept away from proper unemployment benefits. This is one of the facts that have emerged in the face of the urgency of a health crisis and its employment and economic repercussions, to the point that the Spanish government has been forced to implement an extraordinary unemployment allowance.
