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Una medida de fortalecimiento de la democracia es verificar si los aportes de campaña dirigidos a los partidos políticos provienen de fuentes prohibidas, para lo cual la ONPE realiza la verificación de ingresos, aportes y de los gastos realizados por los candidatos durante la campaña electoral. En ese sentido, una vez finalizado el proceso electoral, el primer paso es la presentación de la información por parte de los excandidatos, sin que la legislación peruana haya definido quiénes son “candidatos”; por lo que el presente artículo busca analizar quiénes serían los obligados a presentar la información financiera de campaña (en particular, durante las ERM 2018); y se presenta una propuesta de cómo aplicar las sanciones de la manera más objetiva posible.
A measure of strengthening democracy is to verify whether campaign contributions directed at political parties come from prohibited sources, for which ONPE carries out the verification of income, contributions and expenses incurred by candidates during the electoral campaign. In that sense, once the electoral process is finished, the first step is the presentation of the information by the former candidates, without the Peruvian legislation having defined who are “candidates”; therefore, this article seeks to analyze who would be required to present the Campaign Financial Information (in particular during the ERM 2018); and a proposal is presented on how to apply the sanctions in the most objective way possible.
