En entornos regulados en los que la competencia dependa del acceso a infraestructuras costosas -en cuanto a su inversión, operación y mantenimiento-, su desarrollo adecuado dependerá de la medida en que sean capaces de atraer la financiación requerida garantizando una rentabilidad “razonable”. Como también lo habrá de ser la remuneración que reciba un incumbente como contraprestación por la utilización de sus activos heredados (legacy) por nuevos entrantes. En este artículo se describe breve e intuitivamente la práctica regulatoria de generalizada aceptación que, basada en la metodología del coste medio ponderado de capital (CMPC o WACC en su acrónimo inglés), puede encontrarse en sectores como el de la energía, las telecomunicaciones, el postal o el transporte.