Las empresas públicas están sometidas tanto a la función fiscalizadora como la jurisdiccional del Tribunal de Cuentas.Esto sitúa a sus gestores, entre los que se encuentran los miembros del consejo de administración con funciones decisorias, en la posición de legitimados pasivos ante la jurisdicción contable, por lo que el contenido de los estatutos de la sociedad será determinante de la posible responsabilidad o no, del secretario del consejo de administración.