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Jörg Stippel, Paula Medina González
El artículo analiza el funcionamiento práctico de las visitas carcelarias semestrales realizadas por el poder judicial chileno desde una perspectiva socio-jurídica. Para ello, se plasman los resultados de un estudio empírico de una muestra de 90 actas (registros) de visita judicial a 32 penales del país de dos años: 2010 y 2016. Se comparan los resultados obtenidos con los datos aportados por los estudios realizados antes de la implementación nacional de la reforma procesal penal. La hipótesis del artículo es que la reforma procesal penal ha generado un cambio en la cultura jurídica que podría haber modificado la práctica de estas visitas. Sin embargo, este no es el caso. El análisis revela que, a pesar de los cambios sociales y legales, los jueces solo cumplen formalmente con una obligación impuesta por la ley. Las actas reflejan un reconocimiento judicial de la administrativización de la ejecución de las penas privativas de libertad, que se desentiende de someter la actividad penitenciaria a un control judicial. El artículo concluye que la visita semestral a las cárceles en un Estado Democrático de Derecho debería mejorarse y complementarse con un órgano judicial especializado con competencia en materia penitenciaria.
The article analyzes the functioning of the biannual prison visits carried out by the Chilean Judicial Branch from a socio-legal perspective. It presents the results of an empirical study of a sample of 90 records of judicial visits to 32 prisons in the country over two years: 2010 and 2016. We compare the results obtained with data provided by studies conducted prior to the national implementation of the criminal procedure reform. The hypothesis of the article is that the criminal procedure reform has generated a change in the legal culture that could have changed the practice of these visits. However, this is not the case. The analysis reveals that despite social and legal changes, there is a lack of judicial interest in controlling legal compliance inside prisons. Judges only formally comply with an obligation imposed by law.
Legal compliance inside prisons is left to the Executive. The report concludes that sixmonthly visits to prisons in a democratic state governed by the rule of law should be improved and complemented by a judicial body with responsibility for prison matters.
