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Santiago, Chile
La población penal tiene necesidades jurídicas específicas. Mientras varias de estas guardan relación con cuestiones judiciales propias del encierro, otras se vinculan a materias de índole personal. Cualquiera sea la naturaleza de estas necesidades, estas deberían ser atendidas por la defensoría penal penitenciaria, servicio especializado de la Defensoría Penal Pública (DPP). Este artículo presenta algunos de los resultados obtenidos de un extenso trabajo de campo con metodología mixta en cárceles y oficinas de defensa penitenciaria de seis regiones de Chile, en donde se realizaron 766 observaciones no participantes de primeras entrevistas en los penales, 616 análisis de carpetas y del Sistema Informático de Gestión de Defensa Penal (SIGDP), 19 entrevistas a funcionarios de Gendarmería y Defensores penitenciarios, 9 grupos focales con internos e internas de ocho penales, encuesta de validación de resultados a 92 defensores y trabajadores sociales de la defensa penitenciaria del país y panel de expertos, con el fin de proveer una radiografía de la defensa penitenciaria en Chile. Los resultados muestran cómo el ejercicio de la defensa penitenciaria se ve limitada por una serie de factores, pero especialmente por la superposición de culturas, prácticas y normas institucionales diversas. Se afirma que esta situación se mantendrá mientras no exista un derecho penitenciario que regule las expectativas y prácticas institucionales en conflicto. Esta ausencia de derecho, se expone, termina dejando al arbitrio y discrecionalidad de autoridades administrativas la defensa efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad.
The prison population has specific legal needs. While several of these needs are judicial in nature, others are related to personal issues. Whatever the nature of these needs, they should be addressed by the Penitentiary Public Defender's Office, a specialized service of the Public Defender's Office. This article presents the findings obtained from an extensive fieldwork in prisons and penitentiary defense offices in six Chilean regions, with 766 non-participant observations of first interviews in prisons, 616 analysis of folders and of the Computer System of Criminal Defense Management (SIGDP), 19 interviews with Gendarmerie officials and prison defenders, 9 focus groups with prisoners from eight jails, a survey to validate results with 92 responses of defenders and social workers of the penitentiary offices, and a panel of experts, in order to provide an X-ray of the prison defense in Chile. The results show how the exercise of prison defense is limited by a number of factors, but especially, by the overlap of diverse institutional cultures, practices and norms. It is argued that as long as there is no prison law that regulates conflicting institutional expectations and practices, this problem will continue. The absence of law leaves the effective defense of convicts’ rights to the discretion of administrative authorities.
