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Gerardo Roger Fernández Fernández
Los lamentables procesos de especulación y de corrupción urbanística acaecidos durante los años del desarrollismo desde la década de los 60 del siglo XX, junto al incumplimiento del derecho constitucional a la vivienda, han generado una mala imagen social y una mala reputación al Urbanismo español expuesta de manera más acusada, obviamente, en este período democrático, que viene a deslegitimar injustamente y de manera globalizada la vieja y noble actividad pública y profesional del planeamiento y de su ordenación urbanística, actividad que viene ejercitándose históricamente desde los orígenes de la ciudad y sistematizada contemporáneamente desde mediados del XIX. Afortunadamente la nueva y vigente legislación Estatal, recogida y desarrollada inteligentemente, en su caso, por las legislaciones autonómicas, dispone de técnicas y procedimientos jurídico-urbanísticos eficaces y solventes para reconducir el lamentable escenario señalado y recuperar el prestigio y positiva valoración social que el Urbanismo patrio nunca debió perder.
