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A partir del reconocimiento de la fragilidad y la vulnerabilidad de la persona –como ha ocurrido con la actual pandemia de la COVID-19– se defiende una exigencia ética y también política consistente en el cuidado de las personas. Se nos presenta el reto de construir un nuevo paradigma político donde el cuidado sea el centro de gravedad de la legitimidad de los poderes públicos, aparte de las relaciones comunitarias, no reducido a la condición de ciudadano. La definición de un estado del bienestar útil debe tener en cuenta prestaciones públicas eficaces y eficientes, con una gestión pública al servicio de unas personas cuidadas, centrada en la proximidad, la atención y el buen trato. Esto conlleva por parte de los poderes públicos una preocupación en tres ámbitos, en especial: las personas –sobre todo las necesitadas de ayuda– el medio ambiente y los animales no humanos. En todo caso, se trata de políticas públicas que se mueven en el ámbito de los derechos prestacionales, lo que significa que necesitan una asignación presupuestaria adecuada –no precaria–, y presuponen una concepción “social” de la democracia. Al final se presentan las aportaciones a la parte monográfica del presente número de la Revista.
