La Administración Pública se convierte en el máximo responsable de garantizar los derechos y deberes básicos y fundamentales relacionados con la puesta en marcha de penas y medidas privativas de libertad a cualquier individuo que se encuentren bajo régimen jurídico. Las Instituciones Penitenciarias constituyen los ejes fundamentales con los que crear un país seguro. Tienen como objetivo la intervención social a través de la generación de ámbitos de rehabilitación, reeducación y tratamiento para aquellos individuos que realizan actos delictivos. Así, logran respuestas adecuadas y ajustadas a los actos ilícitos por individuos haciendo que un país sea y se sienta más seguro.