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Santiago García Echevarría 
, María Teresa del Val Núñez
La actividad pública en los países europeos desarrollados implica un volumen cercano al 50% del PIB, por un lado, e implica, por otro lado, por su capacidad normativo- reguladora, en muchos casos, al sector privado de la economía, por lo que tiene una influencia decisiva tanto en la configuración del Orden de la Economía como en la incidencia sobre las economías tanto domésticas como empresariales. Se trata en ésta actuación pública, por un lado, de la disposición que realiza de los recursos y, por otra, de la evaluación del impacto de su normativa reguladora. El Orden de la Economía afecta tanto a la acción pública como a la actuación privada, por lo que la acción de las Instituciones Públicas incide de forma creciente en la ordenación económica de la sociedad y en su respuesta al desarrollo de las personas. De la configuración y estructuración de las múltiples y diversas Instituciones Públicas a través de las cuales se realiza la acción pública en el Orden de la Economía y en la configuración de la Sociedad, depende el funcionamiento económico-social de un País. Por lo que se precisa plantear tanto su organización como el desarrollo del personal bajo perspectivas de Economía de la Empresa tanto en lo que afecta a la disposición de los recursos como al impacto que ocasiona con su acción pública en el conjunto económico-social. La exigencia de criterios económico empresariales en la “gestión” de la Institución Pública es decisiva, en particular, fomentando el desarrollo de las personas que actúan en las Instituciones Públicas singulares. Y ello con el fin de dotar a las Instituciones Públicas con la necesaria capacidad de transformación y cambio tecnológico y social que va más allá de los planteamientos meramente presupuestarios. Es una nueva y necesaria transformación de las Instituciones Públicas para dar eficiencia, en los diferentes planos, a la acción pública. En esta contribución se trata de diseñar la contribución de la Economía de la Empresa en la configuración de la acción pública y de sus Instituciones.
In the developed European countries public activity represents approximately 50% of GDP while also often exercising legal and regulatory control over the private sector of the economy. Public activity, therefore, plays a decisive role in configuring the Economic Ordering and in both family and business economies. This paper examines how the exercise of public activity affects how resources are made available and also its regulatory impact is evaluated. Economic Ordering affects both public and private action and therefore the actions of Public Institutions increasingly affect Society’s Economic Ordering and its response to individual development. Public action within the Economic Ordering ranges from configuring and constructing the numerous Public Institutions, through which public action is performed, to configuring Society itself, all of which depends upon the manner in which State functions in economic-social terms. As a result of the above, both organising and developing a business’ staff must be approached from the perspective of its Business Economy, both in terms of the use of resources to the impact that its public action will have upon the economic-social nexus as a whole. The demands of economic-business criteria upon the management of a Public Institution are decisive – particularly in order to promote the development of those individuals who act within singular Public Institutions. Add to this the aims of endowing Public Institutions with the necessary capacity for social and technological transformation and change which goes beyond mere budgetary issues. This, then, is a new and necessary transformational process that Public Institutions must undergo in order to be, on many different levels, efficient in their public action. This contribution aims to design how the Business Economy can contribute to configuring public action and Public Institutions.
