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Las conversaciones en el seno de la Comisión Europea sobre la posible desactivación de la cláusula general de salvaguardia podrían iniciarse dentro de unos pocos meses, aunque si las consecuencias económicas de la pandemia continúan agravándose, es muy posible que sean pospuestas. Sin embargo, ese debate tendrá que tener lugar en algún momento y condicionará decisivamente la política fiscal de los Estados miembros. El reto será definir el ritmo de ajuste en los niveles de deuda pública, habida cuenta que el esfuerzo de corrección no será igual en todos los países. En estos momentos, con tipos de interés en mínimos históricos y la economía sufriendo los efectos de la pandemia, las políticas para estimular la recuperación económica deben gozar de total prioridad, pero no puede perderse de vista la necesidad de afrontar un proceso de sostenibilidad fiscal a medio plazo.
Reparar los daños provocados por la COVID-19 en hogares y empresas al tiempo que se gestiona una senda de consolidación fiscal será una tarea realmente difícil, especialmente si dicha senda tiene que extenderse más allá de la capacidad del BCE para mantener su estrategia acomodaticia de política monetaria.
