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Santiago, Chile
Desde mediados de la década de los ochenta la economía chilena ha experimentado importantes cambios estructurales, los que han conducido a una mayor participación privada en varios sectores reservados tradicionalmente al Estado. Pero en el sector sanitario, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros ámbitos, el proceso de privatización se ha visto dificultado por una falta de consenso a nivel político en que las regulaciones existentes pudiesen asegurar un desempeño eficiente de los operadores privados. En este trabajo se examina el marco regulatorio del sector desde una perspectiva institucional, a fin de estimar en qué medida la actual estructura permite un proceso regulatorio libre de presiones de los distintos grupos de interés. Después de presentar un marco conceptual para evaluar la importancia que tiene la autonomía de la agencia regulatoria, se identifican los grupos de interés relevantes en el sector sanitario chileno y sus potenciales canales de influencia. Los autores concluyen que a pesar de las recientes reformas introducidas en la legislación, las que han incrementado el grado de autonomía del proceso regulatorio, y del hecho de que existe una separación formal entre reguladores y prestadores, subsisten ciertos elementos que debilitan la autonomía tales como el proceso de nominación y remoción del Superintendente, el papel que ejerce el Ejecutivo en la puesta en vigor de las tarifas reguladas y la dependencia e insuficiencia presupuestaria de la Superintendencia.
