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Julio Jorge Urbina 
La expansión de organizaciones criminales de carácter transnacional por los mares y océanos se ha convertido en una de las principales amenazas a la seguridad marítima. En este contexto, es necesario analizar las acciones que pueden llevar a cabo los Estados en los espacios marítimos contra estos grupos. A este respecto, la CNUDM, como marco legal de referencia en materia de seguridad marítima, atribuye competencias de ejecución a los Estados para interceptar, dentro de ciertos límites, buques sospechosos de dedicarse a actividades ilícitas. Pero este marco jurídico adolece de importantes carencias restan eficacia a la acción del Estado en el mar y alientan las actividades de estos grupos delictivos. Estas carencias se ponen en evidencia más claramente cuando los agentes estatales deben adoptar medidas coactivas, incluido el uso de la fuerza en los casos más extremos, ante un barco se resiste al apresamiento, pues la CNUDM no ofrece ninguna orientación al respecto. Ante esta situación, que ha sido paliada parcialmente por otros tratados internacionales, es importante que los Estados regulen de forma precisa el ejercicio de estos poderes de policía en el mar, así como las medidas que pueden adoptar en cada caso, para evitar incurrir en abusos o arbitrariedades.
The expansion of transnational criminal organizations across the seas and oceans has become one of the main threats to maritime security. In this context, it is necessary to analyse the actions that States can carry out against these groups in maritime zones. In this regard, the UNCLOS, as a legal framework of reference in matters of maritime security, attributes enforcement jurisdiction to States to intercept, within certain limits, vessels suspected of engaging in illicit activities. But this legal framework suffers from important shortcomings that reduce the effectiveness of the State's action at sea and encourage the activities of these criminal groups. These shortcomings are most clear when state agents must adopt coercive measures, including the use of force in the most extreme cases, when the ship resists seizure, as the UNCLOS does not offer any guidance in this regard. In this situation, which has been partially mitigated by other international treaties, it is important that States precisely regulate the exercise of these police powers at sea, as well as the measures they can adopt in each case, to avoid incurring abuses or arbitrariness.
