Acceso usuarios
Esther Torrelles Torrea
El art. 36 RD-Ley 11/2020 se promulga con el propósito, no conseguido, de proteger al consumidor y usuario. Se le otorga un derecho de resolución de los contratos de compraventa de bienes y prestación de servicios cuando resultan imposibles de cumplir por la crisis sanitaria. La norma tiene una fuerte connotación económica y esconde o nos recuerda a instituciones clásicas del Derecho privado (la fuerza mayor, la imposibilidad sobrevenida, la cláusula rebus sic stantibus, etc). Se puede calificar como una norma de emergencia en tiempos de crisis, pero eso no justifica su técnica legislativa. El presente trabajo pretende abordar los aspectos más conflictivos de la norma analizando, entre otros, su supuesto de hecho, ámbito de aplicación o efectos. Se apuesta por una conservación del contrato sin olvidar la vulnerabilidad de las partes contratantes.
The art. 36 RD-Ley 11/2020 is enacted with the unsuccessful purpose of protecting the consume and user. The consumer has a right to contract termination for the sales of goods and provision of services impossible to fulfill due to the health crisis. The rule has a strong economic connotation and hides or reminds us of classic private law institutions (force majeure, contract termination, the rebus sic stantibus clause, etc.). It is an emergency rule in times of crisis, but that does not justify its legislative technique. The present work aims to address the most conflictive aspects of the standard by analyzing, among others, its factual assumption, scope of application or effects. It is committed to preserving the contract without forgetting the vulnerability of the contracting parties.
