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La regulación actual de los acuerdos verticales en el Derecho europeo de la competencia sufre de unaa contradicción interna ya que parte de su prohibición y, po tanto, de la necesidad de que esten justificados en razones de eficiencia económica para que puedan ser calificados como lícitos. Este régimen jurídico se explica únicamente porque se atribuye al Derecho de la competencia europeo la función de promover la unidad de mercado en Europa frente a barreras no sólo públicas sino también resultantes de acuerdos privados. A nuestro juicio, este planteamiento es erróneo y , sobre todo, no vinculante para el Derecho español donde el Derecho de la Competencia no tiene atribuida la función de garantizar la consecución de un mercado único, mercado ya existente.
