Los principios de actuación de las administraciones públicas, que históricamente se circunscribían a los recogidos en el artículo 103 del texto constitucional, han visto potenciada su trascendencia, y ello no solamente con la nueva regulación de las leyes 39 y 40/2015, sino, y muy singularmente, en el marco de la Administración Electrónica. La Administración Electrónica se configura en nuestro ordenamiento jurídico como un instrumento que facilita la consecución de los principios previstos con carácter general en los artículos 103 y 105 de la Constitución y también en el artículo 3 de la Ley 40/2015. La aprobación del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos ha venido a reintroducir en nuestro sistema los principios neutralidad tecnológica, de accesibilidad, de facilidad de uso, de interoperabilidad, de proporcionalidad, de personalización y proactividad, que serán objeto de estudio en estas líneas