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El 1º de septiembre de 2019 entraron en vigor las enmiendas a la Constitución de la República de Lituania, que establecen por primera vez en el sistema jurídico lituano el derecho de una persona a recurrir directamente al Tribunal Constitucional. Lituania ha optado por el modelo limitado de recurso constitucional individual. La Constitución sólo permite el examen de la constitucionalidad de los actos sobre la base de las cuales se ha adoptado una decisión individual, lo que posiblemente constituya una violación de los derechos y libertades constitucionales de una persona física o jurídica. En consecuencia, el acceso individual directo al Tribunal Constitucional es una medida extraordinaria de defensa de los derechos y libertades constitucionales y sólo es posible tras el agotamiento de todos los recursos jurídicos efectivos, mientras que las decisiones judiciales adoptadas por los tribunales ordinarios no son objeto de control constitucional. En el artículo se llega a la conclusión de que las condiciones previas de una justicia constitucional individual efectiva se crean mediante los siguientes elementos del recurso de inconstitucionalidad. En primer lugar, una definición amplia de los sujetos capaces de interponer un recurso de inconstitucionalidad, que constituyen las personas físicas y todas las personas jurídicas de derecho privado y público. En segundo lugar, una definición amplia del objeto de la revisión, es decir, todas las leyes y otros actos que entran en el ámbito del control de constitucionalidad efectuado por el Tribunal Constitucional (actos normativos e individuales; todos los actos aprobados no sólo por el Parlamento, el Presidente, el Gobierno, sino también por referéndum). En tercer lugar, el efecto retroactivo inter partes de las sentencias adoptadas tras el examen de los recursos constitucionales individuales. En el artículo se llega a la conclusión de que, aunque todavía no se han formulado conclusiones sostenibles sobre la eficacia del mecanismo recientemente establecido, se espera que el recurso constitucional individual se convierta en una medida interna eficaz de último recurso para la protección de los derechos humanos y la libertad con respecto a las prácticas basadas en actos inconstitucionales.
On 1 September 2019 amendments to the Constitution of the Republic of Lithuania came into effect, establishing for the first time in the Lithuanian legal system the right of an individual to apply to the Constitutional Court directly. Lithuania has opted for the limited model of individual constitutional complaint. The Constitution only allows for the review of constitutionality of acts based on which an individual decision has been adopted, possibly breaching the constitutional rights and freedoms of a natural or legal person. Accordingly, direct individual access to the Constitutional Court is an extraordinary measure of defense of constitutional rights and freedoms and is only available following the exhaustion of all effective legal remedies, while judicial decisions adopted by ordinary courts are not an object of constitutional control. The article concludes that the preconditions of effective individual constitutional justice are created by the following elements of the constitutional complaint. First, a broad definition of subjects able to launch a constitutional complaint, constituting natural persons and all legal persons of private and public law. Second, a broad definition of the object of review, it being all laws and other acts which fall within the scope of control of constitutionality carried out by the Constitutional Court (normative and individual acts; all acts adopted not only by the Parliament, President, Government, but also by referendum). Third, the retroactive inter partes effect of the rulings adopted following the examination of constitutional complaints. The article concludes that although sustainable conclusions regarding the efficiency of the newly established mechanism are yet to be made, it is expected that the individual constitutional complaint will become an effective domestic measure of last resort for the protection of human rights and freedom with regard to practices based on unconstitutional acts.
