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Valentín Guillén Pérez
A pesar de que la figura sobre la retención policial no está reconocida como tal en el ordenamiento jurídico procesal español, y, consecuentemente, suscita una evidente polémica en torno a ella por el evidente conflicto de derechos, consideramos que muchas de estas situaciones fácticas —que, sin constituir detención, supongan una privación de libertad—, tienen cabida y, por lo tanto, son legítimas desde una perspectiva constitucional. Sin embargo, en el ámbito de la seguridad vial, suscita aún más controversia, en concreto en aquellas diligencias policiales consistentes en trasladar a dependencias policiales al conductor de un vehículo a fin de practicarle la prueba de detección alcohólica. Para mayor abundamiento a este respecto, hemos de señalar que tampoco existe ninguna norma con rango de ley que contemple esta controvertida figura jurídica que la ampare, al menos, en materia de investigación sobre los delitos contra la seguridad vial. Este conflicto jurídico y de evidentes consecuencias prácticas, no es para nada baladí, en cuanto que este proceder genera actuaciones completamente irregulares o atípicas que pudieren ocasionar actuaciones excesivamente discrecionales. A tenor de la exposición realizada, nos vemos en la obligación de adentrarnos en el estudio de la naturaleza jurídica de la retención policial, que va a consistir en analizar, desde un punto de vista crítico y según el prisma constitucional, aquellos aspectos que legitimen, de algún modo, esta controvertida figura jurídica relacionada con la prueba de detección alcohólica.
Despite the fact that police retention is not recognized in the Spanish procedural legal system, it brings concern and controversy to the conflict of rights that exist in this space. Considering retention, many of these factual situations —which, without constituting detention, suppose a deprivation of freedom— have a place and represent constitutional perspective. However, when we consider road safety, there is controversy that arises, especially when actions are taken to transfer the driver of a convicted vehicle to a police office location, to complete an alcoholic screening test. Additionally, it is important to recognize that no standard exists which considers this legal figure that has brought much controversy, mostly in crimes related to road safety. These legal conflicts are not trivial, only generating iregular or atypical actions that could cause discretionary actions. In accordance with the presentation made, we are obliged to speak and draw focus to the legal nature of police withholding, with an analysis from a critical point of view, using the constitutional prism which can legitimize the legal figure related to the alcoholic screening test.
