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Jaume González Calvet
Introducción.
I – Antecedentes legislativos de la ejecución judicial frente a la Administración pública.
II – Prerrogativas de los entes públicos frente a la ejecución judicial: a) Plazo de espera; b) Principio de legalidad presupuestaria; c) Principio de inembargabilidad; y d) Intereses procesales más favorables.
III– La tramitación procesal de la ejecución definitiva contra la Administración pública: a) Solicitud y despacho de la ejecución y b) Tramitación del incidente ejecutivo ex art. 287.4 LRJS;
IV – Medidas ejecutivas frente a entes públicos: a) Requerimientos al ente público ejecutado e identificación y apercibimientos a autoridades y funcionarios responsables del cumplimiento de la ejecutoria; b) Tipo incrementado de los intereses procesales; c) Apremios pecuniarios y multas coercitivas; d) Embargo de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público. Conclusiones.
