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La publicación del Informe nº 3/2018, de 11 de julio, de la Abogacía General del Estado supuso un giro de ciento ochenta grados en la concepción del régimen de contratación de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de toda España.
El presente estudio pretende analizar la fundamentación que subyace a las conclusiones del indicado Informe, y su adecuación (o no) a la doctrina de la jurisprudencia europea, a la que los Estados miembros están ineludiblemente vinculados como consecuencia de los principios de igualdad y de aplicación uniforme del Derecho comunitario.
¿Se encuentra el Reino de España, una vez más, en situación de incumplimiento de las obligaciones que derivan de las Directivas en materia de contratación pública?
The publication of the Report of the State Attorney General’s Office No. 3/2018, of 11 July, marked a 180-degree turn in the conception of the contracting regime of the Official Chambers of Commerce, Industry, Services and Navigation throughout Spain.
This study aims to analyse the legal rationale behind the conclusions of the aforementioned Report, and its conformity (or not) with the European case law, to which the Member States are inescapably bound as a consequence of the principles of equality and uniform application of Community law.
May the Kingdom of Spain be once again in breach of the obligations under the Directives on public procurement?
