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Para afrontar los cambios radicales que atraviesa la competencia económica, que están dando mucho más importancia al trabajo en el mercado de productos, los empresarios tratan de extender su control sobre el capital humano una vez extinguido el contrato de trabajo. Aunque hay pocos estudios empíricos al respecto, existe el convencimiento de que los pactos poscontractuales de no concurrencia son muy frecuentes. Pues bien, ¿hasta qué punto es legítimo que los empleadores restrinjan la libertad de las personas que han trabajado para ellos? El autor analiza los criterios que siguen los tribunales de los Estados Unidos para hallar un término medio entre los intereses económicos legítimos de las empresas, por un lado, y por otro, la eficiencia del mercado laboral y la libertad y movilidad de los trabajadores.
